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La prohibición como modelo de negocio
 
 
Hace pocas semanas vivimos el enésimo drama de la Industria de Internet española. El proyecto de una supuesta Ley de Crowdfunding que debía servir para regular el sector, pero que en realidad lo atenazaba, atándole las alas justo cuando empezaba a volar.
 
Y es que nuestros políticos hace ya tiempo que olvidaron la diferencia entre regular y prohibir. Regular es crear una reglas de juego, un marco legal que cree unas garantías mínimas. Prohibir es impedir que alguien haga lo que quiera, aunque no suponga mal alguno.
 
Que el Gobierno establezca que las plataformas de crowdfunding deban ser controladas por la CNMV y tener un capital social mínimo de 50.000€ o un seguro de responsabilidad civil de al menos 150.000€, puede ser más o menos razonable, pero es respetable. Que el Gobierno me prohíba invertir más de 3.000€ en un mismo proyecto con la excusa de “protegerme” no sólo es inaceptable, es estúpido.
 
Si hay algo que la Historia ha demostrado con irreverente tozudez es que la gente tiende a ignorar y convertir en obsoleta cualquier Ley que prohíba hacer algo que no haga daño a nadie, con el único objetivo de imponer una cierta moral a los ciudadanos. No funcionó con la Ley Seca americana y tampoco funcionará con la Ley de Crowdfunding española.
 
Como siempre, esas prohibiciones sólo favorecerán a los listos de turno… y a los países con regulaciones más permisivas. Si los locos años 20 vieron como Canada Dry se inflaba a vender cajas de gaseosa con la que enmascarar el sabor atroz del licor destilado en casa, el comienzo del siglo 21 verá como una caterva de expertos y consultores nos explican como hacer Crowdfunding “fuera de aquí, pero para proyectos de aquí” cobrando un peaje a cambio. Grasa. Michelines que nos hacen correr más despacio. Ser menos productivos.
 
No es la primera vez que nos pasa, ni será la última. Yo, por ejemplo, no puedo contratar a mi mujer en mi pequeña empresa por el simple hecho de tener la mayoría de las acciones. Podría hacerlo para defraudar a la Seguridad Social. La pregunta es ¿Y qué? Si mi mujer paga su IRPF y la empresa paga su cotización a la Seguridad Social como la de cualquier trabajador ¿Qué carallo le importa a la Administración si la contrato porque quiero trabajar con ella o para que genere derecho al paro? La única solución que la Ley proporciona para los que intentamos cumplirla a rajatabla es que sea trabajadora, pero en régimen de trabajador autónomo… lo que implica reconocer que, digan lo que digan, los autónomos tenemos menos posibilidades de cobrar paro que Andorra ganar la Copa del Mundo de Fútbol.
 
¿Hay otras posibles soluciones? Si… rodeos, ñapas y chapuzas legales proporcionadas por una caterva de expertos y consultores que cobran un peaje a cambio. Grasa. Michelines que nos hacen correr más despacio. Y yo me niego a pagarlos.
 
Si el Gobierno está realmente preocupado por el bienestar de sus ciudadanos y la productividad de sus empresarios, puede emplear mucho mejor su tiempo. Por ejemplo, regulando el comercio electrónico de alimentos preparados. Hoy por hoy, sigue siendo alegal vender empanadas, tartas o canapés online.
 
Restringir la libertad es un buen negocio sólo para unos pocos y un desastre económico para el resto. Aún más, cuando saltarse las prohibiciones es algo tan sencillo como cruzar una frontera… o navegar a una web extranjera con un par de clics.

 


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